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El emigrante: un extranjero de rostro sufriente

Los emigrantes viven para el trabajo. Su jornada comienza a las cuatro de la mañana: salen de sus casas y recorren grandes distancias. Laboran de ocho a diez horas diarias, como mínimo; algunos en condiciones paupérrimas de seguridad, bajo un clima extenuante, y en un ambiente de incertidumbre. A las cinco de la tarde regresan para comer en su casa, si tienen la suerte de tener una. Apenas disponen de tiempo para compartir en familia porque el cansancio los agobia, y el temor a ser deportados los mantiene en permanente zozobra, con los nervios al borde de un ataque. Se van a dormir pronto porque la misma rutina los espera al día siguiente, y no pueden darse el lujo de decir “hoy no iré a trabajar”, pues corren el riesgo de perder el empleo. La mayoría sólo trabaja para pagar los gastos mínimos de un hogar, además del precio por vivir en Estados Unidos. Ellos son nuestros paisanos que han emigrado al vecino país del norte. Estimado lector de La Senda, ¿acaso conoce a alguien que se haya visto obligado a emigrar porque con lo que ganaba aquí no le alcanzaba ni para bien comer?

La ruta del desarraigo
El fenómeno de la emigración ha sido definido como el desplazamiento humano de un lugar a otro. Los sociólogos consideran que la emigración es algo inevitable porque se carece, especialmente en los estados o países más pobres, de fuentes de trabajo, y siempre está justificada por la búsqueda de mejores ingresos para la vida y la familia. Y es que la emigración siempre ha existido: en algunas ocasiones su origen ha sido el acuerdo entre gobiernos, porque no se cuenta con la mano de obra suficiente, y en otras, ha sido iniciativa personal de quienes se arriesgan a internarse ilegalmente en un país ajeno.
Muchos de nuestros compatriotas que han emigrado ilegalmente a Estados Unidos, han obtenido un permiso de residencia o incluso una segunda ciudadanía, viéndose favorecidos por las amnistías que el gobierno de aquel país ha promovido. En los últimos años, nuestros compatriotas y hermanos de países latinoamericanos han sufrido serias agresiones de los gobernantes y de los mismos ciudadanos estadounidenses, especialmente de tipo discriminatorio, e incluso físico, llegando a provocar la muerte de no muy pocos.

 

A la caza del más vulnerable
Es cierto que siempre ha habido líderes sociales, activistas que han reclamado lo que ellos consideran como derechos para el emigrante por el tiempo que ha trabajado en el país que lo acoge. Porque aunque su situación sea ilegal, el gobierno acepta que paguen impuestos por el producto de su trabajo. Es de todos sabido que en los últimos meses se difundió la posibilidad de concretar una amnistía para los ilegales; sin embargo, el resultado final fue una negativa rotunda por parte de los legisladores, y la “persecución” se ha recrudecido cada vez más.
En algunos estados, como Arizona, se firmó un acuerdo en el que se les prohibe a todos los empresarios y prestadores de servicios que contraten personal ilegal, además de que se les ha advertido que se organizarán redadas para deportar a personas indocumentadas.

Se recrudece la persecución
El sheriff Joe Arpaio, del Condado de Maricopa, en Arizona, ha tomado la iniciativa y se ha facultado para deportar a los ilegales; por ejemplo, a quienes son detenidos por cometer alguna infracción al conducir su vehículo, y son indocumentados, los recluye durante tres meses en los galerones, los obliga a trabajar en la ciudad en labores de servicio social, como un escarmiento para los demás, y posteriormente lo deporta con la advertencia de que si reincide será todavía más grave el castigo. Hasta la fecha, los oficiales del sheriff Arpaio han realizado más de 400 arrestos de inmigrantes indocumentados en distintas partes del condado. Arpaio, asimismo, ha creado una línea telefónica gratuita para que los habitantes de Maricopa suministren información sobre donde se localizan inmigrantes indocumentados, alentando aún más el racismo contra los latinos.

De primera mano
Por razones pastorales, en noviembre pasado estuve de visita en la ciudad de Phoenix, en el ya referido estado de Arizona. El día 10 de ese mes aparecieron quince espectaculares en los barrios donde se sabe que residen mayor número de ilegales, y en los que se invitaba a quienes tienen por costumbre contratar personal, a que revisaran si el seguro que los empleados presentaban era legal o “bueno”, como ellos lo llaman. “Verificación de empleos, rápido, gratis, simple y seguro. Infórmate”, así rezaba uno de dichos anuncios, alentando a la denuncia.

Obligaciones sin beneficios
Aquellos padres de familia que tienen hijos que han terminado sus estudios de preparatoria y quieren ingresar al colegio, por el hecho de ser indocumentado, el joven debe pagar tres veces más la cantidad que pagaría un residente legal; esto sin considerar la discriminación racial que experimentan de parte de sus compañeros de aula, incluso de los mismos profesores.
Ana Lilia, una conocida mía, vive en Phoenix; llegó a EE.UU. cuando tenía seis años de edad. Para poder costear sus estudios, Ana Lilia trabaja, y es que sólo de este modo podrá pagarse algunas clases de la carrera que le interesa cursar. Y no se trata de una carrera universitaria, sino de un título técnico, como los hay aquí en México. Mas si sus padres son deportados, si ella misma es deportada, ¿qué va a suceder con su futuro? Su carrera se truncará, incluso su vida, y quedará al frente de sus hermanos. ¿En México en qué se podrá emplear? Ella no puede asistir a ninguna universidad estadounidense y el gobierno no le costea sus estudios, por su condición de ilegal. Eso sí, su padre tiene la obligación de pagar impuestos, pero ella no tiene el derecho de gozar de las aportaciones económicas que él ha hecho, vía retribuciones fiscales, por muchos años al gobierno.

La moneda sigue en el aire
Ante esta situación me asaltan algunas inquietudes finales. Por ejemplo: ¿cómo debemos prepararnos en México, en nuestros Estados, para recibir a los deportados?, ¿qué estrategias se pondrán en marcha cuando empiecen a llegar? Si no hemos reparado en esta situación, es el momento de hacerlo, porque no es sólo un problema de índole social, sino pastoral, moral y religioso.

¿A quién recibiremos?
1. No sabemos si el papá o la mamá, o los dos, sean detenidos en la calle, comprando en el centro comercial o viajando en su vehículo, etcétera, y sean deportados, dejando a sus hijos, algunos nacidos allá, a su suerte.
2. Muchos de nuestros jóvenes nacieron en México, pero fueron llevados al vecino país del norte desde pequeños, y crecieron y se formaron con las costumbres y modelos de vida estadounidense.
3. Otros nacieron allá y, por consiguiente, tienen derecho a permanecer en aquel país. Pero ¿se les va a quitar ese derecho porque sus padres sean ilegales?
4. Muchos de nuestros hermanos han vivido alejados de la Iglesia y de sus deberes como cristianos. ¿Cómo darles una acogida fraterna?
5. El trauma de haber sido deportados, ¿cómo lo afrontarán ellos?, y ¿cómo poner manos a la obra para auxiliarlos?
6. ¿Habrá fuentes de trabajo suficientes para los millones de personas que regresarán a nuestros países? Sin duda aumentará la pobreza y la delincuencia.
7. Muchos no fueron previsores y no construyeron su casa en suelo mexicano, cuando podían hacerlo. Entonces, habrá necesidad de infraestructura, de vivienda. No es verdad que sólo es un problema del gobierno, ¿dónde queda pues nuestra caridad cristiana?
8. Después de esto hay un largo etcétera.

Gracias al ministerio de la predicación que he desempeñado en algunos estados de la Unión Americana, y de haber compartido con familias originarias de diferentes países latinoamericanos, puedo darme cuenta de las situaciones tan adversas que viven nuestros hermanos emigrantes.

Ramón Briones

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