Editoral
En Nayarit, el pasado 6 de julio, se llevaron a cabo elecciones para elegir presidentes municipales, diputados locales y regidores. La jornada electoral transcurrió sin mayores contratiempos: los ciudadanos salieron a votar por aquel candidato que les pareció el más idóneo, aquel que cumplía el perfil para subsanar las necesidades de sus comunidades, en algunos casos tan dejadas de la mano de anteriores gobernantes.
No obstante los esfuerzos y estrategias, desde distintos ámbitos y valiéndose de un sinnúmero de herramientas, dirigidas a incentivar el voto, según fue dado a conocer en su momento, la participación de los votantes fluctúo entre 55 y 60 por ciento del total del padrón electoral. Se trata de una cifra, si se quiere, un tanto baja, pero que da una idea general de las preferencias del ciudadano común nayarita; sin embargo, votar es la carta de cambio al momento de manifestarse o indignarse por la actuación del elegido cuando ya está en el poder, sin importar el color de la agrupación política al que dice representar.
De algún modo, dejar en las urnas la confianza por el representante que más nos haya convencido, trae consigo el derecho de exigirle el conocimiento e involucramiento en los problemas ciudadanos, de pedirle cuentas de sus actos, y no se trata de una posibilidad que se saca de la manga, sino de un derecho que, incluso, está consagrado en nuestra Carta Magna.
Tepic, y todos los municipios que integran el Estado de Nayarit, de todos es sabido, acusa múltiples deficiencias, necesidades que han de abordarse con urgencia, problemáticas que implican serios análisis y soluciones de fondo, y todo ello exige, por principio de cuentas, una actuación a la altura de las circunstancias de parte de los presidentes municipales, diputados locales y regidores que hayan resultado ganadores en los comicios que tuvieron lugar el pasado domingo 6 de julio: es decir, que estos personajes trabajen con y para el pueblo, que sus decisiones no sean tomadas con ligereza o a contrarreloj, sino mirando siempre por la construcción del bien común, en defensa y promoción del más desprotegido, trabajando con certeza por aquél que, confiando en su profesionalidad y honestidad, decidió poner en sus manos su futuro y el de su comunidad.
Y es que la historia no sólo de Nayarit, sino del país entero, está plagada de decepciones y desenlaces tristes en lo tocante a los gobernantes, ya sea a nivel federal, estatal o municipal: cuántas veces, por ejemplo, no hemos sido testigos de que las prebendas concedidas (reparto de despensas, mandiles, gorras, banderines, playeras, bolsas para el mandado, cuadernos, calcomanías, plumas, entre otros muchos objetos) en tiempos de campaña son dadas para ganarse la preferencia de los ciudadanos, a los que olvidan y segregan al momento de ejercer su función pública; y hay que decir, asimismo, que estos objetos no son más que dádivas que en nada solucionan los numerosos problemas de la población.
El gobernante, que en el fondo es sólo un servidor público elegido por el pueblo en una contienda regulada y vigilada por la autoridad y la sociedad civil, ha de procurar comprometerse con el desarrollo de sus gobernados, con miras a su transformación en una comunidad cada vez más justa, equitativa e incluyente, donde la justicia social no sea sólo un concepto rimbombante y pancarta espectacular de todo su trabajo –lo que equivaldría a la más pura demagogia y verborrea sin frutos–, sino el motor que haga avanzar hacia la consolidación democrática y la generación, para todos, sin excepción alguna, del bien común, cuya doctrina mira, por encima de todo, por el respeto y la dignidad de la persona humana.