México: Geografía de la violencia
La inseguridad en nuestro país ya alcanza tintes de dramatismo: ya no únicamente el crimen organizado da cuenta de comandantes y elementos policíacos o militares (tan sólo en el mes de agosto se ultimaron a 71 policías), sino que lleva a cabo actos de tesitura terrorista en contra de los más vulnerables en esta guerra sin cuartel: la sociedad civil. Ocho muertos y decenas de heridos fue el saldo de la explosión de dos granadas en el Centro Histórico de Morelia el pasado lunes 15 de septiembre. A esto habría que sumar los macabros hallazgos: de encapuchados muertos, decapitados, con el tiro de gracia en la frente, en distintas zonas del país.
Salir a las calles, ya sea por cumplir con algún encargo, la ida al trabajo o a visitar a algún amigo, conocido o pariente puede hoy ser un acto temerario: la impresión generalizada es que ya no se está seguro en ninguna parte y es sumamente difícil confiar en nuestras autoridades. Y no se trata, sin embargo, del reguero de una paranoia, sino de situar las cosas en la dimensión que han adquirido.
La ley del más fuerte
Es un secreto a voces que la violencia y reguero de muertes, fenómeno fuertemente recrudecido en los últimos tiempos a lo largo y ancho del país, son producto de la guerra declarada entre distintas organizaciones criminales y de un claro desafío a las autoridades policíacas y militares. Nuestra nación ha sido convertida en una selva donde, ya se sabe, impera la ley (o el brazo o el arma) del más fuerte.
La disputa a punta de balazos y amenazas del territorio mexicano, sobre todo en las dos franjas que corren en los extremos: los miles de kilómetros del Pacífico mexicano y la línea de tierra que va desde la Península de Yucatán al estado norteño de Tamaulipas, han devenido en la clara delimitación de zonas totalmente inseguras y violentas en las entidades de Guerrero, Michoacán, Jalisco, y Sinaloa por un lado, y Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas por el otro.
Esta situación que ya se ha vuelto insostenible ha venido a hacernos comprender que México es una tierra de nadie: sólo aquél que logre apaciguar a pistoleros y capos envalentonados, a autoridades sobornables y células criminales organizadas, podrá decirse que gobierna este territorio que, hasta ahora, sigue en disputa. La ley y el orden no son hoy más que dos palabras vacías de contenido.
Operativos militares
La militarización de los Estados en conflicto y la suma de efectivos de corporaciones policíacas de todos los niveles no se han constituido como las acciones más eficaces en esta guerra declarada contra el crimen organizado.
En cuanto el presidente Felipe Calderón inició su gestión gubernamental, se declaró enemigo de todo aquél que atentara contra la paz y armonía necesarias para la buena marcha del país; y acto seguido, emprendió una estrategia, a fines de diciembre de 2006, para combatir a las organizaciones criminales más relevantes, ordenando el despliegue de más de 36 mil militares en distintos puntos del país, con el objeto de menguar la ola de violencia que se venía dando en tiempos recientes en México.
A este respecto, en mayo pasado, en el diario El Universal, el periodista Jorge Zepeda Patterson, escribía: “todos los indicadores señalan la necesidad de hacer un alto en la campaña, evaluar métodos y estrategias, para relanzar el combate (a los capos de la droga). Los precios de las drogas no han subido (señal de que no se ha dañado la actividad), las ejecuciones han aumentado y no se ha logrado la detención de capos importantes. Cuando los pelotones del Ejército Mexicano se retiran de alguna población o punto estratégico, los narcos vuelven…”.
Estrategia mediática, no eficaz
Lo anterior evidencia que toda esa campaña estratégica de despliegue de efectivos y acordonamiento de vastas zonas del país, no han sido más que parte de un entramado mediático y pirotécnico, pero muy poco eficaz y escaso en resultados de veras convincentes.
Los operativos montados por la milicia en Estados como Durango, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Guerrero –todos bajo el mando del presidente Calderón Hinojosa–, tareas reservadas antaño para las corporaciones policiales, no han dado los frutos esperados; más aún, en lugar de hacer sentir a las poblaciones acordonadas un poco más seguras, la sociedad percibe un ambiente más tenso e inseguro que la lleva al temor y, en algunos casos, a la desconfianza.
Ejecuciones a diestra y siniestra
Según una encuesta, en lo que va del año se han contabilizado poco más de 2,700 ejecuciones a lo largo del país; cifra que empata con el total del año anterior, cuando se dieron 2,700 muertes vinculadas con el crimen organizado.
Tan sólo en julio los asesinados ascendieron a 489, de los cuales 45 eran policías y militares, trece mujeres, once niños y seis funcionarios públicos. Los estados más violentos en ese mes se ubicaron en el norte: Chihuahua y Sinaloa. En tanto en agosto, como ya se dijo, han muerto 71 elementos policíacos a manos del crimen organizado.
Baste esto para dejar en claro que México es un país violento, que los esfuerzos y acciones emprendidos no han surtido el efecto deseado y que, de seguir esta tendencia, llegará el momento en que los capos del narcotráfico podrán presentarse como los dueños de esta tierra que hoy es de nadie.
Iniciativa Mérida renglón por renglón
Tras la aprobación del Senado estadounidense del Plan México: Iniciativa Mérida, que asciende a 450 millones de dólares de ayuda para el combate al narcotráfico y la inseguridad, cabe anotar que nuestro país no recibirá recursos en efectivo, sino que la cooperación bilateral será en especie: equipo sofisticado, tecnología y capacitación de las fuerzas públicas y armadas, para apoyar los esfuerzos que realiza diariamente México para combatir la delincuencia organizada no sólo nacional, sino trasnacional.
La cooperación incluye equipos de inspección no intrusiva, como rayos X y Gama; aeronaves para el transporte de personal y vigilancia, incluyendo su mantenimiento; equipo y informático y diversas tecnologías aplicadas al procesamiento de datos y bases de información especializada.
El paquete cuenta, asimismo, con la interconexión de equipos, las telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación, perros adiestrados para la detección de sustancias y materiales ilícitas, y programas de capacitación y entrenamiento relevantes y de altura; todo ello con el objeto de garantizar que todos los recursos que se reciban sean operados por personal mexicano.
Visión no compartida
Lo curioso de esto es que la percepción que tienen tanto el presidente Felipe Calderón y su Secretario, Juan Camilo Mouriño, que se ha ufanado en pregonar aquí y allá que “los términos en los que fue aprobada la Iniciativa Mérida son respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países”, es totalmente diferente a la de expertos en seguridad, periodistas, intelectuales, catedráticos, activistas de los derechos humanos, titulares de organizaciones no gubernamentales y voces de la sociedad civil en general, que consideran que este Plan en el fondo es una estrategia del vecino país del norte de inmiscuirse en temas propios del país, vulnerando la soberanía nacional y lacerando la independencia de decisión y acción en lo que toca a la agenda del país. “La ropa sucia se lava en casa”, reza el viejo refrán; es decir, la seguridad nacional le atañe, única y exclusivamente, a nuestras autoridades, cuyo ejercicio público tendría que tender hacia la consolidación del país, y esto incluye salvaguardar las personas y bienes en territorio nacional.
La voz de la Iglesia
La Conferencia del Episcopado Mexicano ha mostrado su preocupación por la situación de violencia que atraviesa México, y se ha pronunciado por la recuperación de la paz y la concordia entre todos los hombres, garantizando el bienestar y dignidad de todos los mexicanos.
Cabe aquí recordar las palabras de Su Santidad Benedicto XVI, a propósito de la violencia en cualquier lugar del mundo: “sabemos que el odio, las divisiones y la violencia no han tenido jamás la última palabra en los eventos de la historia”. Esperanza pura y confianza en el Señor y en los días venideros nos transmite con estas palabras el Obispo de Roma.
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”
Nunca como ahora esa frase se ha dejado caer como una lápida sobre todos los mexicanos, incluidos los paisanos que han traspasado las fronteras con la determinación de “hacer vida” en otro lugar, de lograr lo que aquí, de alguna manera, les fue negado. Aún así, la mitad de la población mexicana sobrevive en la pobreza, cuando no en la pobreza extrema.
La frontera entre nuestro país y Estados Unidos es una de la más transitadas en todo el mundo, y por ello también es una de las más conflictivas: el pan de cada día, en ambos lados de la línea que los divide, además de la muerte de cientos de personas que tratan de cruzar la línea ilegalmente, es el tráfico de personas, armas, drogas, objetos de toda índole, e incluso de órganos.
Nuestro país es el paraíso más buscado por los capos de los cárteles del narcotráfico no sólo nacionales, sino, y sobre todo, latinoamericanos: colombianos, venezolanos, argentinos, bolivianos, etcétera; porque el mapa nacional es el paso obligado para el tráfico de enervantes hacia el vasto territorio estadounidense, sea por tierra, mar o aire.
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
Suscrito por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, gobernadores, alcaldes, organizaciones civiles y religiosas, el sector productivo y medios de comunicación, pretende cumplir las siguientes metas en detrimento del crimen y las organizaciones delictivas:
1. Depurar en un año las corporaciones policíacas e instituciones de procuración de justicia.
2. Crear unidades antisecuestros en todos los Estados.
3. Construir dos penales federales con espacios aislados para secuestradores.
4. Crear mecanismos ciudadanos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción.
5. Consolidar Plataforma México, con bases de datos de Estados y municipios.
6. Asegurar la cobertura nacional del número 089 para denuncias anónimas.
7. Regular en seis meses el registro y acceso a la base de datos de telefonía móvil y fija para ubicar en tiempo real la ubicación de los (teléfonos) que sean utilizados en delitos.
8. Concretar reformas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro, extorsión y otros cometidos con violencia.
9. Nueva ley específica sobre el secuestro.
10. Dar celeridad a los procesos y concentrar en penales de alta seguridad a acusados de delincuencia organizada.
11. Fortalecer control de procesados en libertad con un sistema biométrico.
Jacinto Buendía