En este acto cobarde se pone de manifiesto la urgencia de poner un alto a la impunidad con la que operan las bandas criminales; es un acto significativo que representa las miles de personas que en México han sufrido crímenes y que quedan impunes” (Declaración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, tras darse a conocer el asesinato del adolescente Fernando Martí, de 14 años, a manos de sus plagiarios).
En marzo del año pasado, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa –que lleva 17 meses congelada- que pugna por el endurecimiento de las penas y castigos para los secuestradores, y que tras los hechos suscitados en los últimos días ha adquirido la etiqueta de “apremiante” en lo tocante a su aprobación.
En los primeros días de agosto de este año Calderón retomó el tema, anunciando que enviará una nueva iniciativa al Congreso para instaurar la pena de cadena perpetua para secuestradores que sean o hayan sido policías, que plagien a personas con discapacidad y menores de edad, para quienes mutilen o maten a sus víctimas y para quienes quieran sacar del país a menores, con fines de lucro.
“Edén para los delincuentes”
¿Qué tan plausible es la propuesta de nuestro mandatario? ¿En qué porcentaje se abatiría el crimen de proceder la iniciativa del presidente Calderón? ¿Ha disminuido el crimen en aquellos países en los que la cadena perpetua está vigente? Y de ser así, ¿cómo es que soportan los Estados el inflado gasto que supone mantener centros penitenciarios donde los moradores están condenados a estar recluidos el resto de sus vidas? ¿Es ésta la solución a los problemas de delitos e impunidad que asola a nuestro país?
Es de todos sabido, a propósito de la última pregunta, que en nuestro país la impunidad es un lastre que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo; México, como lo escribió en junio pasado el senador Demetrio Sodi, es un “edén para los delincuentes”: de cada 100 delitos que se cometen en la República Mexicana sólo un delincuente acaba con ejecución de sentencia condenatoria –se le juzga-, los otros 99 siguen libres y tranquilos por las calles, planeando quizás su siguiente ilícito.
La Ley es letra muerta
El artículo 366 del Código Penal Federal actualmente contempla penas de hasta 70 años de prisión en el caso de que el (los) secuestrador (es) acaben con la vida del plagiado. La misma Ley considera, según las circunstancias en que se dé, distintas condenas en este ilícito: los años y las multas para los delincuentes varían, por ejemplo, si la privación de la libertad se hizo con la finalidad de obtener rescate, si se realizó para causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona, si el plagio tiene lugar en camino público o en lugar desprotegido o solitario, si se secuestra a un menor de 16 años o a un mayor de 70, si el secuestrador pertenece o perteneció a alguna institución de seguridad pública, o cuando la finalidad sea trasladar a un menor fuera del territorio nacional, entre otros.
El problema entonces, al final, es el mismo, la aplicación de la ley, el puntual seguimiento al debido proceso al que debe someterse a todo delincuente: si el transgresor de la Ley sabe que las posibilidades de ser capturado y procesado son ínfimas, entonces se atreve a delinquir una y otra vez, pues se enfrenta a una Ley que, en el fondo, es letra muerta.
El camino no es aumentar las penas
La propuesta del Ejecutivo ha levantado polvo en el camino: adeptos y contrarios se han pronunciado por su aprobación o por el desistimiento de que sea sometida a revisión. Incluso, ha habido quienes hablan de que esto se trata de “populismo neto”, del populismo del que Calderón no había echado mano y del que tanto le echó en cara a sus contrincantes cuando aspiraban a la Presidencia de la República.
Según Ernesto López Portillo, experto en seguridad pública, no hay evidencia que la instauración de la pena de cadena perpetua pueda resultar satisfactoria: aún no se ha comprobado que tal medida inhiba el delito, ni tampoco los centros penitenciarios del país están en condiciones de sobrellevar este tipo de castigo.
Sólo “aumentar la probabilidad de captura de un delincuente tiene mayores efectos de disuasión (de que vuelva a delinquir) que el aumentar las penas”, señalan expertos en el tema penal y de seguridad.
El caso de la pena de muerte
En Texas se llevan a cabo mayor número de sentencias de muerte que en los demás Estados de la Unión Americana. En 1980 se daban 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para el año 2000, esa cifra había disminuido en un 35 por ciento; un descenso nada desdeñable. De esa forma, en ese Estado sureño, de 1980 a la fecha, según esas estadísticas y considerando el índice de crecimiento poblacional, 19 mil 968 personas que, según los indicadores, habrían sido asesinadas vía la pena de muerte, no lo fueron. La pena de muerte, viéndolo sólo en términos numéricos, funcionó como disuasivo. (Datos de pena de muerte: Letras Libres, agosto de 2008). A todo ello habría que agregar que el sistema de justicia estadounidense –en cuanto a proceso e investigación, actuación de jueces y resolución de casos-, para envidia nuestra y de muchos países, goza de cabal salud administrativa y de justicia. (Que quede claro, empero, que no se está considerando la pena de muerte como una opción viable para abatir la delincuencia, ni mucho menos como antídoto para aliviar el sufrimiento de todas aquellas víctimas directas e indirectas de cualquier crimen).
Equiparando el caso de la pena de muerte con la iniciativa de la pena de cadena perpetua en México, ¿sería lo idóneo para disminuir los altos índices delictivos y devolver seguridad a la ciudadanía?
Ecuación que muestra la ruta
El mismo Demetrio Sodi cita lo siguiente en un artículo publicado el 3 de junio de 2005 en el diario El Universal: “Gary Becker, Premio Nóbel de Economía, diseñó una ecuación para medir el beneficio neto de un delincuente al cometer un crimen. Dicha ecuación demuestra que aumentar la probabilidad de ser condenado disminuye en forma directa el beneficio esperado neto de delinquir y, por lo tanto, el número de personas dispuestas a cometer un ilícito”.
Debemos estar conscientes de que la lucha contra el crimen ha sufrido duros reveses, pero no está perdida del todo. El camino a seguir, más que proponer condenas con tintes apocalípticos para los secuestradores o cualquier otro delincuente, es, sin duda, la coordinación de fuerzas y esfuerzos entre autoridades de todos los niveles y ciudadanos para transformar al país en uno más seguro y pacífico para todos sus habitantes. Pero esto no se logrará mientras continúen las disputas partidistas y el populismo haga presa de aquellos que, por su cargo, son los encargados de asumir las riendas del país.
Radiografía de la impunidad
De cada 100 delitos que se cometen en México, 75 no se denuncian; y de los 25 en que la denuncia se interpone, sólo en 4.5 casos la investigación pertinente se concluye; en 1.6 se pone al delincuente a disposición del juez, 1.2 recibe sentencia y 1.06 recibe condena.
Es decir, los elevados índices delictivos que acusa nuestro país tienen sus principales razones en que 99 por ciento de los delitos que se perpetran no reciben castigo alguno, y en 95 por ciento de los casos la investigación conducente no se lleva a cabo o no se concluye como debiera. De todo ello se puede deducir que la posibilidad de ser condenado en México es una de las más bajas de todo el mundo. ¿A qué, entonces, instaurar la pena de cadena perpetua si los procedimientos básicos de denuncia de un ilícito y su investigación no llevan a ningún lado, no son satisfactorios?
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad
Jacinto Buendía